Si me pidieran que eligiera una imagen para representar la legislación del aborto en México, sería la de un rompecabezas. Debido a nuestro muy particular federalismo en el que existen 33 códigos penales — uno por cada una de las 32 entidades federativas, más el federal — las batallas legales y los avances hacia la despenalización del aborto se han dado en diferentes momentos y ante distintas instancias públicas, desde congresos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Corte). 

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Han pasado más de 16 años desde que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto voluntario durante las primeras 12 semanas de gestación y se estableció un programa de atención público y gratuito operado por la secretaría de salud de la ahora CDMX para todas aquellas personas que desearan abortar en esos supuestos. Desde entonces se han realizado poco más de un cuarto de millón de procedimientos. 

Hoy, hacia finales de 2023 las decisiones judiciales, la legislación y la provisión de servicios de aborto han traspasado las fronteras de la Ciudad de México. 

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El camino ha sido largo, en el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto por lo menos 9 casos sobre el tema, entre ellos la sentencia con la que se validó la reforma de 2007 que despenalizó el aborto en la capital hasta las doce semanas de embarazo, pasando por los dos casos de negativa de aborto legal por causal violación y uno sobre causal salud; hasta la sentencia sobre la penalización en el estado de Coahuila, en 2021, en donde por primera vez y por unanimidad de votos se estableció que la criminalización absoluta del aborto voluntario es inconstitucional por violar los principios y derechos a la dignidad humana, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la laicidad del Estado mexicano, la igualdad jurídica, la salud y la libertad reproductiva. 

En el ámbito legislativo, tuvo que llegar la Marea Verde a México y más de una década pasó para que otro congreso local decidiera despenalizar el aborto en el primer trimestre de la gestación. Hoy son nueve estados y la Ciudad de México quienes han reformado su legislación para dejar de considerar al aborto voluntario como un delito por lo menos en el primer trimestre del embarazo. 

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Además de estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de las reformas legislativas, cabe mencionar que en 2022 la Secretaría de Salud federal emitió el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México con la finalidad de establecer los criterios básicos de atención para prestar los servicios de aborto seguro para todas aquellas niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar que los requieran.

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Hasta aquí los avances han sido innegables, sin embargo, en la mayor parte del país subsiste una regulación que penaliza desde el día uno del embarazo a aquellas personas que deciden abortar sin que medie una “razón” reconocida en el código penal del estado en donde viven. Por lo anterior y a partir de la sentencia de la Corte de 2021 en GIRE diseñamos una estrategia jurídica nacional que pusimos en marcha con un grupo de organizaciones locales con la intención de llevar esa decisión más allá de Coahuila. La estrategia consistió básicamente en usar el juicio de amparo, desafiando el alcance que durante décadas se le dio en términos de quién podía usarlo y qué efectos podría tener a nivel colectivo para demandar la inconstitucionalidad de todos aquellos códigos penales que continuaran penalizando de forma absoluta el aborto voluntario a través de un sistema exclusivo de causales. 

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El primero de los amparos presentados fue en contra del Código Penal de Aguascalientes, un estado en el centro del país en donde el acceso a los servicios de salud reproductiva se ha visto obstaculizado por un clima de criminalización en contra de aquellas mujeres que requieren atención obstétrica. La demanda fue suscrita por GIRE y por las organizaciones locales Cultivando Género, Morras Help Morras y Terfu. 

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La primera sentencia favorable que se obtuvo a partir de esta estrategia fue en relación con el código penal de Puebla, el juzgado de distrito aplicó el precedente de Coahuila y estableció la inconstitucionalidad del delito aborto consentido, pero en términos de los efectos de la sentencia se limitó a ordenar la inaplicación de esas normas única y exclusivamente para aquellas personas acompañadas por las organizaciones que demandamos el amparo, CAFIS ODESYR y GIRE  Lo que sin lugar a dudas representó un avance, pero siguió quedando corto frente a la injusticia de la persistencia del delito de aborto para el resto de las personas que viven en el estado. 

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Pasaron unos meses hasta que, el 30 de agosto de este año, la Primera Sala de Corte resolvió el amparo presentado por Cultivando Género, Morras Help Morras, Terfu y GIRE en contra del Código Penal del estado de Aguascalientes. Con esa sentencia se confirmó el criterio de 2021 sobre la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto consentido y se fue más allá en términos de efectos, pues se ordenó al congreso del estado  derogar esa legislación. Apenas pasada una semana, el 6 de septiembre resuelto el amparo en contra del Código Penal Federal, la Primera Sala confirmó el criterio y los efectos de la sentencia de la semana anterior y se ordenó al Congreso de la Unión la derogación del delito a nivel federal, con ello se elimina el obstáculo legal para que las instituciones federales de salud, quienes tienen una cobertura de aproximadamente 70% del país, provean servicios de aborto seguro. 

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Si bien para todo lo anterior fue fundamental la decisión de algunas instancias de gobierno, - sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un congreso local, o la Secretaría de Salud Federal -, es innegable que en el caso de México, como en Argentina y Colombia, estos avances no serían posibles sin la estrategia y el trabajo activo del movimiento feminista que en los últimos años se ha fortalecido y ha puesto en la agenda pública la conversación sobre el aborto como un asunto de libertad, de democracia y de justicia reproductiva para todas aquellas mujeres, hombres trans y personas no binaries que no desean continuar con un embarazo; que ha reiterado con argumentos sólidos la necesidad de la eliminación total del delito de aborto como una Causa Justa frente a la cual el Estado tiene la obligación de pronunciarse, de reformar leyes y sobre todo, de garantizar el acceso a abortos seguros en condiciones de calidad y no discriminación. 

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En Argentina, Colombia y México estos avances históricos han sido consecuencia del trabajo de las activistas y organizaciones basadas en el país, quienes conocemos el contexto y llevamos años de experiencia y lecciones aprendidas poniendo en marcha estrategias de litigio, asistencia técnica para congresistas y tomadores de decisión. 

En México sin duda alguna tenemos pendientes en términos de marco jurídico, pero también es innegable que hoy, gracias a las sentencias de la Corte, a la emisión de los lineamientos de aborto seguro y a las reformas a nivel local, hemos avanzado significativamente y los retos se presentan más bien en el ámbito de la implementación de los servicios. En otras palabras, el desafío que estamos enfrentando es que toda aquella persona que desee abortar lo pueda hacer en las condiciones que mejor respondan a sus necesidades. 

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DECISIONES JUDICIALES Y LEGISLATIVAS SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
 

Reforma legislativa

Sentencia judicial

2007

CIUDAD DE MÉXICO (12 sdg) 

Publicación: 26 de abril de 2007

Reforma penal y sanitaria

 

2008

 

Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007

“Despenalización en el Distrito Federal”

28 de agosto de 2008 

2019

OAXACA (12 sdg) 

Publicación: 24 de octubre de 2019

Reforma penal y sanitaria*

*La reforma sanitaria, pendiente desde 2019, se aprobó en septiembre de 2021

 

2021
 

HIDALGO (12 sdg) 

Publicación: 6 de julio de 2021

Reforma penal y sanitaria

 

VERACRUZ (12 sdg)

Publicación: 20 de julio de 2021

Reforma penal
 

Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 

“Delito de aborto en Coahuila”

7 de septiembre de 2021

BAJA CALIFORNIA (12 sdg)

Publicación: 12 de noviembre de 2021

Reforma penal, sanitaria y victimal

 

COLIMA (12 sdg)

Publicación: 11 de diciembre de 2021

Reforma penal y sanitaria

 

2022
 

SINALOA (13 sdg)

Publicación: 11 de marzo de 2022

Reforma penal, sanitaria, civil, familiar y de género.

 

GUERRERO (sin plazo para quien aborta; 12 sdg para quien auxilie)

Publicación: 20 de mayo de 2022

Reforma penal

 

BAJA CALIFORNIA SUR (12 sdg)

Publicación: 14 de junio de 2022

Reforma penal y sanitaria

 

QUINTANA ROO (12 sdg)

Publicación: 28 de octubre de 2022

Reforma penal

 

2023

 

Amparo en Revisión 79/2023

“Delito de aborto en Aguascalientes”

30 de agosto de 2023

 

Amparo en Revisión 267/2023

“Delito de aborto a nivel federal”

6 de septiembre de 2023