Nace Causa Justa

 

El Movimiento Causa Justa surge en el 2017 como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo feminista que se había fundado en 1998 cuando al aborto estaba totalmente penalizado en Colombia. Esa iniciativa se torna movimiento gracias al trabajo colectivo y articulado de una inmensa y diversa cantidad de grupos feministas, de derechos humanos, de profesionales de la salud, de mujeres organizadas en las regiones, de colectivos nacientes en la lucha.  Pero ese movimiento fue sobre todo, el resultado de una acumulación política en tres niveles: i) nacional, porque recoge las luchas del movimiento feminista -al menos en su tercera ola desde los 80´s- incluidos varios intentos fallidos por lograr la despenalización en el legislativo, ii) internacional, porque como región tenemos una tradición de intercambio y trabajo articulado donde hemos aprendido de las otras e intercambiado desde estrategias de litigio en altas cortes - como los que se habían impulsado en Estados Unidos y Canadá -, hasta símbolos como el pañuelo verde; iii) de la Mesa, porque se nutre de nuestra experiencia en la implementación de la primera despenalización que logró Colombia en tres causales en el 2006 y de nuestra trayectoria brindando acompañamiento a mujeres que experimentaban barreras 

de acceso a los servicios pero también de la crítica que construimos al modelo de causales y del trabajo colectivo que impulsamos tantas veces en producciones como la de la Causal salud. Trabajos que nos dieron la legitimidad y credibilidad que necesitábamos para proponer una conversación sobre aborto en nuestros propios términos.

 

Nacimos con el propósito de lograr la eliminación del delito de aborto del código penal y para avanzar una conversación pública en nuestros términos. Una conversación que pusiera en el centro del debate la crítica al uso del derecho penal como marco para la regulación del aborto, que nos permitiera hablar de las desigualdades y de la desprotección de los derechos de las mujeres que reinaba bajo la penalización, del efecto de las complicaciones del aborto inseguro entre las mujeres rurales, o de la criminalización y persecución de la que estaban siendo víctimas sobre todo las jóvenes y las más pobres. Una conversación que nos permitiera un cambio de paradigma legal y a la vez, un cambio cultural profundo, avanzando también la despenalización social. 

 

Desde el inicio se diseñó una estrategia integral con una serie de componentes que abarcan desde la construcción de argumentos (90) y la movilización social (en calles y en redes sociales), hasta el trabajo pedagógico con distintas audiencias (lideres opinión, líderes políticos, actrices, influencers, académicos) para impactar el debate público, pasando por el diseño de una estrategia legal con varios componentes en el legislativo o en las cortes. La estrategia abarcaba también la aparición continua en medios, la producción de evidencia -incluyendo la primera gran investigación sobre criminalización y encuestas de opinión-, la ampliación de vocerías y “voces” más allá del movimiento (con actrices como Margarita Rosa de Francisco o políticos como Humberto De la Calle), y articulaciones con distintos movimientos que no solo se concentran en derechos sexuales y reproductivos, sino que tienen agenda en otros temas como paz y democracia, y un amplio trabajo con mujeres en distintas regiones del país alcanzando 22 departamentos con más de 130 organizaciones.

 

A comienzos del 2020 empezamos esa conversación pública sobre aborto y en septiembre de ese mismo año, 5 organizaciones (La Mesa por La Vida y la Salud de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Women´s Link, Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el derecho a decidir), presentamos a nombre del movimiento, una demanda ante la Corte Constitucional para eliminar el delito de aborto por ineficaz, contraproducente, injusto y discriminatorio y cuyo resultado sería regular el aborto por fuera del ámbito penal. Desde ese momento hasta que la Corte tomó la decisión transcurrieron 523 días durante los cuales desplegamos la estrategia antes explicada, para acompañar los debates y deliberaciones internas de la Corte, con un debate público sobre la petición que habíamos hecho. Finalmente, el 21 de febrero del 2022 en una histórica decisión, la Corte eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 y mantuvo después de ese plazo las tres causales que conocíamos desde el 2006. 

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Esa sentencia (C-055), que hemos nombrado la Sentencia Causa Justa se basó en varios de los argumentos que habíamos presentado en la demanda reconociendo que el delito de aborto vulneraba un conjunto de derechos a la igualdad, la salud y la libertad de conciencia y que constituía un uso desproporcionado del derecho penal. Habíamos ganado una batalla legal. Entre otras cosas, la Corte dijo que el deber del Estado frente al derecho a la salud, implica la obligación de eliminar los obstáculos, incluyendo los normativos, que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y que siendo el delito de aborto precisamente una barrera que limita el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), era necesario eliminarlo -al menos parcialmente- a fin de proteger la integridad y vida de las mujeres, niñas y personas gestantes. Más aún, la Corte reconoció que existen otros medios o alternativas jurídicas, distintas a la penal, que son más efectivas para respetar y garantizar la protección del bien jurídico de la vida en gestación, y menos lesivas para los derechos de las mujeres. Con respecto a la libertad de conciencia, la Corte reconoció que las decisiones sobre la maternidad y la reproducción tienen un impacto muy personal porque afectan el proyecto de vida, y que son, por tanto, individuales, ya que tienen consecuencias físicas y emocionales sobre la existencia de las mujeres y las niñas. Se trata de decisiones intransferibles, profundamente vinculadas a los valores personales que son una manifestación de la autonomía reproductiva y parte del ejercicio de la libertad de conciencia. Finalmente, la Corte reconoció que la criminalización del aborto impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad, como lo son las migrantes en situación irregular y las mujeres en situación de desigualdad (en tanto son las más criminalizadas y quienes enfrentan las consecuencias del aborto inseguro) y que, por lo tanto, vulnera el derecho a la igualdad. De muchas maneras, lo que la Corte termina por afirmar, es que el delito de aborto va en contra del carácter de ultima ratio del derecho penal porque ha dado lugar a amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres

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Un fallo histórico. Nuevos desafíos

 

Fue así como el Movimiento Causa Justa logró un fallo histórico que nos puso a la vanguardia de América Latina. Y logró además la transformación en los términos del debate sobre aborto hasta ese momento dominado por la polarización y ahora alimentado por argumentos de muy distinta índole. Y logró también una enorme presencia en los medios de comunicación y las redes sociales llegando a dominar con sus argumentos el debate digital y las noticias en todos los medios, durante los 523 días que duró la discusión en la Corte. Causa Justa transformó la opinión pública en Colombia, que hoy acepta de forma mayoritaria que se trata de la decisión de las mujeres y no del Estado ni de las iglesias. El 72% considera que nadie -salvo la propia mujer- debe decidir sobre la continuación o no del embarazo, el 61% rechaza que las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo vayan a la cárcel, y el 92% de las personas consideran que las decisiones de las mujeres sobre su reproducción deben ser respetadas, al tiempo que 91% considera que la maternidad no debe ser forzada. 

 

Un fallo que nos ha impuesto nuevos desafíos en al menos tres frentes, además del necesario fortalecimiento y ampliación del Movimiento. El primero, la implementación. El trabajo encaminado a crear condiciones para la prestación de servicios en el marco de los sistemas de salud, la documentación de las barreras que enfrentan las mujeres como una herramienta potente para incidir en la política pública y demandar acceso oportuno y de calidad, y la creación de condiciones para ampliar la posibilidad del aborto auto inducido. El segundo, la protección de la decisión judicial. Protección en lo político -para evitar el daño que produce cuando el aborto vuelve al debate como moneda de cambio electoral- y en lo legal porque los grupos anti-derechos se vienen organizando para disputar los avances abusando de los mecanismos legales y procedimentales, buscando que sean anuladas las decisiones o se demanden las regulaciones sanitarias e incluso para intentar reversar la sentencia llamando a referendo. El tercero, la despenalización social. Seguir la conversación social y pública y eludir la polarización. Y hacerlo en distintos espacios, y hacerlo sin parar de manera que se consoliden entornos de legitimidad y respeto frente a las decisiones de las mujeres.