Una mirada a los retornantes del pueblo awajún
Fabiola Yeckting Vilela
Antropóloga, docente e investigadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
Paralizaron las actividades comerciales y cerraron los negocios como formas de prevención. Se estableció la distancia social y la prohibición de salir de las casas en horarios determinados, bajo pena de arresto o multa. En el Perú, el gobierno decretó la cuarentena y el Estado de Emergencia Nacional el 15 de marzo del 2020. Miles de personas, pasado un tiempo, decidieron volver a sus comunidades de origen desde las ciudades. Debido a la situación vulnerable en que viven y su desesperación por volver, salieron caminando a las carreteras y más de 100 mil se registraron en las páginas web de los gobiernos regionales para regresar[1].
El pueblo awajún es uno de los 45 grupos étnicos del país de la familia lingüística de los jíbaros. Está integrada por subgrupos étnicos de la región norte de la amazonía peruana, que limita con el territorio del Ecuador. Habitan principalmente el distrito del Cenepa, escenario del Conflicto del Alto Cenepa entre las fuerzas armadas de Perú y Ecuador en el año 1995. Posteriormente, en el 2009, junto a los wampis, protagonizaron el denominado Baguazo, un conflicto que derivó en un enfrentamiento con las fuerzas armadas por decretos que favorecían el TLC[2] y la extracción de recursos, con perjuicio de sus derechos territoriales. Alan García[3], a propósito de los sucesos, los denominó “ciudadanos de segunda categoría”. La zona norte de Bagua, que alberga a los awajún, es la menos conectada por la red de carreteras en la amazonía, utilizan la red fluvial como vía de acceso, por lo que tardan hasta una semana para llegar a comunidades lejanas situadas en los cursos de los ríos.
Ellos y ellas han optado por irse a sus chacras de cultivo y cerrar sus territorios para no contagiarse. Algunos piensan que el covid-19 son sólo fiebres, como efecto mágico relacionado con la brujería. Falta atención primaria en salud, las postas y los centros de salud carecen de personal y están desabastecidos de medicinas e implementos, se desconoce qué hacer con los casos de enfermos por covid-19.
Los y las awajún en Lima, antes de la cuarentena, vivían en cuartos alquilados que pagaban con trabajos estacionales, pero se fueron o los echaron porque ya no tenían dinero. Sus cuartos eran lugares para dormir. Dado que tenían trabajos precarios, eran pequeños y de restringido acceso a servicios básicos, como agua o desagüe. Se les hizo invivible para continuar confinados, en soledad y sin interacción social. El gobierno central en coordinación con los gobiernos sub nacionales trataron de apoyar este retorno cumpliendo con protocolos para evitar el contagio, pero fue insuficiente.
En la primera convocatoria de la página web del GORE[4] Amazonas se registraron alrededor de 567 awajún para retornar, pero fueron aproximadamente trescientas personas las que caminaron por las carreteras. Los y las retornantes se comunicaron con sus hermanos y conocidos para pedir ayuda. Les preguntaron cómo estaban las rutas y los caminos, dónde quedarse y cuáles eran las dificultades. En las carreteras, la policía, como estaba prohibido salir desde Lima por la Panamericana Norte para llegar a Cajamarca y de allí ir a Jaén, en los puestos de control, querían cobrarles o detenerlos. En las noches, durante el trayecto, durmieron en carpas de tela, y en el día caminaban en grupos, expuestos a los peligros de la calle. Las madres con sus hijos, algunas con sus parejas, otras solas, los más pequeños protestaban, de hambre, de cansancio, de frío. Dormían junto al desagüe, donde hay ratas e insectos. La enfermedad también los acechaba. Solamente protegidos con mascarillas que se ensucian y no logran reemplazar. Muchas veces se alimentan de comida que les dan, u ofrecen, o que juntan en grupos o por familias durante el viaje.
Según el protocolo de cuarentena del gobierno para evitar la transmisión del virus covid-19, que permite que una persona o grupo pueda trasladarse de un lugar a otro, establece que se hagan pruebas de descarte a los que presentan síntomas y a los que no, que cumplan con un período de aislamiento de catorce días. Al primer grupo de los retornantes awajún y wampis a quienes se les hizo las pruebas de descarte, el GORE Amazonas los trasladó, recibió y puso en aislamiento en hoteles. Cuando llegaron al punto de control de Corral Quemado en Cajamarca fueron recogidos y trasladados a Utcubamba. Uno de los retornantes de este grupo, Alexis[5], cuenta que durmió tres días a la intemperie, y cuando debían ingresar a la ciudad de Jaén, la policía impidió pasar a la movilidad y sus pasajeros, y con ello alimentarse, ir al baño, o recibir atención médica, mientras esperaban el permiso para continuar su viaje.
Hay otros casos como el de Maximilda y su niña, que dieron positivo de covid-19 y que perdieron a su esposo y a su padre, a causa del virus. Maximilda hoy se encuentra mejor de salud. Sin embargo, la bebé, quien ya presentaba también algunos síntomas, no ha sido atendida por el colapso del sistema de salud. También está el de otra madre awajún, Elicia, quien perdió a su bebé, con casi nueve meses de embarazo. La trasladaron de emergencia desde su comunidad en el Cenepa hacia el hospital de la ciudad de Nieva, y solo los costos de transporte eran prácticamente impagables, alrededor de 2,800 soles (850 dólares), pues deben trasladarse por el río varios días en chalupa[6] y el precio del combustible es muy alto.
Rocío Meza, abogada de IDL[7], explica que se está atentando contra los derechos de los pueblos indígenas al trabajo y a la salud. Afirma que hay una urgencia de atención porque “la precariedad y el desempleo son características de la población indígena awajún fuera de sus comunidades, ya que en la ciudad están perdiendo el vínculo con la naturaleza, pero ahora el riesgo no es sólo la pobreza, sino morirse”. Esta situación produce una crisis e incertidumbre con la cual es difícil luchar, por la desatención y la invisibilización que siguen sufriendo.
Eugenio, es un joven awajún que está viviendo en Lima en el distrito de San Martín de Porres. Él nació en la comunidad de Huampami, en Amazonas, en el distrito del Cenepa. Afirma que hay un grupo inicial de 300 personas que llegó caminando al Cenepa, pero hay un segundo grupo como de 200 personas más que aún están en camino. Él elaboró una lista para las autoridades del MINCUL[8], el CAAAP[9] y el Vicariato Apostólico de Jaén. Se queja de la falta de respuesta y negativas. En el segundo grupo de awajún que aún no parte, pero que se encuentra aislado en los albergues y en cuartos alquilados, las madres con sus hijos y las jóvenes son alrededor de ciento cinco. Las madres y mujeres[10] en el grupo son alrededor de 50, algunas están solas, otras con sus parejas. También hay una embarazada en el grupo de Ancón y otra en el de Huampaní que no están recibiendo la atención médica necesaria.
Eugenio, cuenta que el MINAM[11] llevó a una parte del segundo grupo al distrito costero de Ancón, saliendo al norte de Lima Metropolitana, y los instaló en carpas de tela de Indeci[12], en medio del desierto y con el frío invernal, sin agua, y unos baños de plástico. Las mujeres con sus hijos se quejaron por el frío. Además, les dijeron que su alojamiento era temporal y que después tendrían que hacerse las pruebas para descartar el covid-19. Es decir, que no valía como aplicación del protocolo de estar confinados durante dos semanas para reintegrarse a sus actividades como no infectados. Deberán hacerse las pruebas de descarte y aislarse nuevamente para retornar a sus comunidades. Luego, el MINAM[13] decidió pasarlos a otro albergue en Huampaní en el distrito de Lurigancho-Chosica, provincia de Huarochirí, al oriente de Lima.
A Eugenio le dieron el nombre de un funcionario para enviarle la lista como responsable de pueblos originarios. Esperó un mes y le respondió que no tenían capacidad. Eugenio afirma: “Es para sacar la lágrima porque mis hermanos están muy nerviosos. […] Los que están en Huampaní hasta ahora no les sacan pruebas rápidas, les dan desayuno, almuerzo y comida, cuando están mal los llevan al tópico para atenderlos, lo básico”. Pero no saben qué va a pasar más adelante, ni cuánto tiempo más durará su aislamiento. Además, explica la gravedad del momento por lo que exige que les saquen pruebas rápidas. En el segundo grupo, se ha producido hace muy poco la muerte de una joven por covid-19 que fue atendida en el hospital de Lima 2 de Mayo.
Otro caso en Lima es el de una lideresa y artesana awajún, Aogustina, procedente del distrito del Cenepa, comunidad Nuevo Canal. Ella fue la primera mujer presidenta de una importante organización en el Cenepa. Trabaja con las mujeres ceramistas y las niñas, en las siete escuelas comunitarias de la federación, que ayudó a formar. Realizó una propuesta para el Ministerio de Educación en el área de la DIGEBIRA[14] en educación comunitaria para que las maestras ceramistas terminen su educación y, a la vez, contar con una remuneración justa.
La lideresa menciona que llegó a Lima el 9 de marzo para una reunión de trabajo, participar en una escuela de capacitación y organizar una feria, luego de lo cual se iría, pero tuvo que quedarse. Alquiló un cuarto a un sobrino y junto a él hacen una olla común. Explica que quiere regresar, pero con condiciones de seguridad para ella y su pueblo. Sobre su salud y el avance de la pandemia entre los awajún sostiene: “Estoy en contacto, me dicen que hay tres que han estado mal, yo también he estado mal, tratándome con eucalipto, mi sobrino también. […] Le estoy dando lo mismo que he tomado yo, así estamos. No hay seguridad, todo es incierto […] y ahora la preocupación local en el Cenepa es que ya llegó el virus, ya llegó la pandemia y no hay medicamento”. Ella ha intentado volver, pero no quiso caminar porque sufre de asma. Sostiene que hay demora de parte del Estado, que la llamaron para decirle que, si no tenía como pagar su cuarto, la llevaban a Ancón, pero no quiso ir por el frío y porque allí no hay agua.
El país no ha estado preparado para atender el avance de la pandemia y menos aún la situación de los retornantes de los pueblos indígenas. Sistemáticamente se han invisibilizado sus demandas. La situación extraordinaria de desplazamiento, complica aún más la respuesta tardía e ineficiente de los organismos y dependencias del gobierno para asumir su condición de vulnerabilidad y precariedad. Ningún organismo cuenta con una base de datos actualizada sobre la situación de los pueblos indígenas. Los que están en las comunidades con casos positivos requieren patrullas de salud, atención médica, y mensajes claros sobre tratamiento de enfermos Covid-19, que lleguen a sus comunidades. Los que están en camino, ahora que se ha flexibilizado el acceso por vía terrestre, tendrán más posibilidades de emprender el retorno. Sin embargo, hasta cuando se les atienda en su pedido de tomar las pruebas de descarte, no podrán dar respuesta a su necesidad de volver, tomando en cuenta lo costoso del viaje, su situación precaria, y las medidas de prevención que aún deben seguir.
[1] Usualmente no existe un registro de migrantes o retornantes en las páginas web de los gobiernos regionales. Fue una medida utilizada a partir de la expansión del covid-19 para conocer quiénes y cuántos eran los que querían retornar, conseguir los permisos para enviar movilidades, y tomar las medidas sanitarias, como habilitar locales (hoteles, escuelas, etc) de la región, para el aislamiento. El Perú cuenta con 25 regiones.
[2] Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
[3] Ex presidente del Perú, en su segundo mandato 2006-2011, luego se suicidó en el 2019 cuando fueron fiscales a arrestarlo a su domicilio.
[4] Gobierno Regional de Amazonas
[5] En el caso de los/las awajún se identificarán sólo sus nombres para proteger sus identidades y el acceso a atención de calidad.
[6] embarcación hecha de palos
[7] Instituto de Defensa Legal, Institución de la sociedad civil para la promoción y defensa de derechos.
[8] Ministerio de Cultura, ente rector del Estado en materia de cultura y pueblos indígenas.
[9] La ONG Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
[10] En el 2019 un Informe de Defensoría del Pueblo registró 33 mujeres de lengua awajún fallecidas por suicidio. Situación de los derechos de las mujeres indígenas en el Perú. Informe de Adjuntía- Informe No.002-2019-DP/AMASPPI/PPI, Serie Igualdad y No Violencia No.22. Autonomía física, mental y económica. p.67. Recuperado 11/06/2020.
[11] El Ministerio de Ambiente, el presidente Martín Vizcarra encargó a la ministra Fabiola Muñoz que se encargara del problema de los retornantes.
[12] Instituto Nacional de Defensa Civil, parte del Ministerio de Defensa que atiende desastres.
[13] Ministerio de Ambiente designado por el presidente para resolver la situación de los retornantes
[14] Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación.