Las trabajadoras del hogar, esclavas de la pandemia
Susan Espinoza López
La situación de las Trabajadoras del Hogar en América Latina y el Caribe ha sido siempre precaria, vulnerable y olvidada. Sin embargo, con la pandemia su trabajo cobró más relevancia que nunca en ese sector de la economía que emplea una importante proporción de mujeres en esta región.
La falta de reconocimiento de los derechos laborales, la discriminación, el racismo, la violencia de género y la explotación, son algunos de los problemas con los que han tenido que convivir las trabajadoras domésticas en sus labores diarias. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 11 y 18 millones personas se dedican al trabajo doméstico remunerado: el 93% son mujeres. Además, representa entre el 10,5% y 14,3% del empleo de las mujeres en la región. Es un área completamente feminizada y dejada de lado permanentemente por la sociedad, la clase política y los medios de comunicación. La desigualdad salarial, el despido arbitrario y la inestabilidad laboral forman parte de las características de su trabajo. Más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector lo hacen en condiciones de informalidad y sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio, pese a que existe en casi todos los países un salario mínimo establecido por ley (OIT).
La pandemia llegó y la labor de las trabajadoras domésticas ocupó un lugar primordial en la lucha contra el virus por el cuidado de niñas, niños y personas vulnerables, y porque tienen a su cargo la limpieza del hogar, una tarea fundamental para prevenir el contagio del covid-19. En otras palabras, es un trabajo que en este contexto salva vidas y que contribuye notablemente a la superación de la crisis mundial. Pese al significado de su labor en el contexto de la emergencia sanitaria, se trata de una de las poblaciones más afectadas por el “coronavirus”. La disposición del aislamiento social obligatorio para frenar la ola de contagios ha traído como consecuencia un grave incremento de personas desempleadas, una clase trabajadora angustiada por la reducción o anulación de sus ingresos.
La pandemia las ha afectado de forma diferenciada. Las trabajadoras domésticas se vieron obligadas a aceptar grandes reducciones de sueldos, incrementos de la carga horaria, despidos sin pago de beneficios y hasta su retención en casa de los empleadores durante la cuarentena, quienes por “miedo al contagio” cambiaron su modalidad de trabajo de “cama afuera” a “cama adentro”, muchas veces sin su consentimiento, intimidándolas con la pérdida de sus puestos. La OIT reconoce que más del 70% de las trabajadoras domésticas han sido afectadas a raíz de las cuarentenas. A esto, se le suma la falta de protocolos de salud y seguridad en su labor, lo que las expone al riesgo de contraer el virus y a transmitirlo a sus familias.
La situación en Perú
En Perú hay 496 mil personas que se dedican al trabajo doméstico: un 95% son mujeres y el 92% trabaja en la informalidad. Muchas de ellas no tuvieron acceso a la educación y migraron desde el interior del país hacia la capital con el objetivo de encontrar una oportunidad laboral que las ayude a salir de su situación de pobreza. Su condición es similar o peor en relación a la región. Una ley de 2003 reconoce derechos mínimos y limitados, y el trabajo de las instituciones del Estado son ineficientes. En 2018, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó que cuatro de cada 10 tienen jornadas laborales superiores al máximo permitido por ley (48 horas semanales). A esta desprotección se suman las dificultades ligadas a la pandemia.
La Defensoría del Pueblo del Perú advirtió las graves consecuencias de esta crisis sanitaria en la salud y vida de las trabajadoras domésticas y sus familias; el ingreso de muchas de ellas es el único de sus hogares. En un comunicado, la Defensoría recordó que “ya ha manifestado su preocupación por la situación actual que enfrenta este grupo de trabajadoras en el estado de emergencia”, expresó que “la falta de reconocimiento de sus derechos se ve reflejadaen tratos abusivos por parte de sus empleadores/as” y denunció que “algunas han sido obligadas a tomar vacaciones, despedidas arbitrariamente o expuestas a situaciones de violencia sexual”.
Pese a las diversas advertencias y las constantes demandas al Estado, no se implementó ninguna medida. “Hubo despidos masivos sin pago de beneficios, [algunas mujeres fueron] echadas a la calle sin ninguna consideración, no les importa si están solas, si son ancianas o jóvenes. Del total de casi 500 mil trabajadoras del hogar, solo están trabajando 33 mil, sin descanso, con reducción de los salarios y alimentos, expuestas al uso excesivo de productos de desinfección. Las familias viven su mundo cuidadas por las explotadas, sus trabajadoras del hogar”, explicó Paulina Luza Ocsa, integrante de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Remunerados del Perú.
Desde el 16 de marzo, inicio de la cuarentena en el país, cientos de trabajadoras del hogar han tenido que elegir entre el cuidado de sus familias y las familias de sus empleadores, en un contexto limitado de oportunidades laborales por la emergencia sanitaria. “Somos uno de los grupos más vulnerables. Recibimos la pandemia de la indiferencia, el olvido, la sobreexplotación, el abuso, racismo, clasismo, y el trato con la punta del zapato por parte de la Presidencia de Consejo de Ministros. Indiferencia a todas luces.”, agregó Paulina.
La pregunta es: ¿quién las protege? Ellas mismas, sindicalizadas, articuladas y organizadas. En su agenda, está pendiente la creación de una nueva ley en el marco de la implementación del Convenio 189 de la OIT, que el Estado peruano ratificó en 2018 y entró en vigor en 2019. Esta norma establece que las y los trabajadores del hogar deben tener de los mismos derechos que los demás trabajadores y exige a los Estados tomar las medidas necesarias para garantizar un trabajo digno.
Desde la ratificación del Convenio, el Ministerio de Trabajo modificó tres artículos de la Ley de los Trabajadores del Hogar e incorporó la obligatoriedad del contrato de trabajo escrito, la emisión de boletas de pagos, la prohibición de actos discriminatorios, la protección frente al acoso sexual y el establecimiento de la edad mínima para trabajar (18 años). El avance que llegó tarde e incompleto, en un contexto de crisis, en el que miles de trabajadoras no podrán gozar del reconocimiento de estos derechos, porque se quedaron sin empleo. “El decreto es un cumplido nada más. Le pregunto a la ministra de Trabajo: ¿dónde está el reglamento? Ha pasado más de un mes desde su publicación y todavía no existe un reglamento para su implementación”, reclamó Paulina.
La elaboración de un Protocolo de Seguridad y Salud ante el covid-19 que incluya la aplicación de la prueba rápida para todas las y los trabajadores hogar es otra de las demandas urgentes; un total de 60 trabajadoras contrajeron el covid-19 al cuidar a empleadores contagiados, según la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú. La rápida implementación de políticas públicas que protejan y reconozcan sus derechos laborales como derechos humanos son ineludibles.
